El Gobierno anuncia que restituirá la sanidad universal en seis semanas

El País.- Isabel Celaá, ministra portavoz, ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y Ministras que el Gobierno planea recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, está preparando un nuevo real decreto que sustituirá al del 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que "suprimió" dicha universalidad. El decreto se espera que pueda estar aprobado en un plazo de "seis semanas". "Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho", ha avanzado la ministra.

Celaá ha añadido que Rajoy dejó "sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular" y que Gobierno ha acordado iniciar un proceso de diálogo con las comunidades para que apliquen el nuevo decreto y se ha mostrado segura de que tendrá una excelente acogida, dado que muchas de ellas siguieron ofreciendo sanidad a los sin papeles. "Me atrevo a pensar que, una vez tengamos el real decreto, será cumplido en todos sus puntos", ha subrayado Celaá.

La exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria —con la excepción de menores, embarazadas y urgencias— fue una de las medidas del paquete de recortes que el Gobierno del PP impulsó en 2012, al poco de llegar al poder. En verdad, aquel real decreto, el 16/2012, establecía que para tener derecho a acudir a la sanidad pública había que estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para quienes no tiene acceso a un permiso de trabajo, volviendo al modelo del franquismo que la Ley General de Sanidad de 1986 había eliminado. Con la redacción del decreto estaban afectados los sin papeles, pero también muchos extranjeros comunitarios de los que se sospechaba que aprovechaban la libre circulación dentro de la UE para aprovechar el sistema sanitario español (el mal llamado turismo sanitario).

La memoria económica de aquel decreto calculaba que se ahorrarían, en total, 917 millones por esta medida, pero no especificaba la parte correspondiente a los extranjeros en situación irregular. Este periódico calculó con datos el padrón y de la Seguridad Social que habría unos 150.000 afectados.

Seis años después, no ha habido ningún cálculo oficial sobre si esta medida cumplió sus objetivos. Sí que hay numerosos estudios (por ejemplo, uno cuyo primer firmante es Luis Gimeno, médico de primaria del Sistema Aragonés de Salud, publicado en 2015 en BMC Public Health) que acreditan que esta población consume muchos menos recursos sanitarios (la mitad de visitas al médico, a urgencias y hospitalizaciones) que la población general, sobre todo debido a que, en general, los migrantes son más jóvenes y están en mejores condiciones de salud.

Lo que sí ha habido es un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, presentado el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad, que calcula que entre 2012 y 2015 la mortalidad de la población inmigrante aumentó un 15%, lo que representa unas 70 muertes anuales. Y el estudio no diferencia entre inmigrantes regulares e irregulares, por lo que es posible que en este último colectivo la situación sea aún peor.

Aquel real decreto impactó en los extranjeros enfermos, incluso a los que tenían derecho a una atención, y organizaciones como Médicos del Mundo han recogido más de mil casos de personas con enfermedades crónicas con graves (cáncer, diabetes) no atendidas o a las que se intentó cobrar el servicio. También situaciones en que recibieron facturas o se les hizo firmar una aceptación de pago cuando fueron a urgencias, estaban embarazadas o eran menores.

En cualquier caso, con el tiempo, todas las comunidades autónomas ha regulado sistemas para atender a esta población, independientemente del partido que la gobierna (no lo hacen Castilla y León y La Rioja). Pero esta oferta varía y el derecho se pierde si el extranjero se cambia de región. Ya Alfonso Alonso, cuando fue ministro de Sanidad (2015), anunció que se regularía la atención para unificarla, pero ni él ni su sucesora, Dolors Montserrat (la última de los Gobiernos de Rajoy), lo hicieron. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, lo hizo cuando era consejera del ramo en la Comunidad Valenciana. Con esa experiencia afirmó en la entrevista que concedió a EL PAÍS al día siguiente de su toma de posesión que esta medida no solo no implicó un sobrecoste en su comunidad, sino que supone, en el fondo, un ahorro, ya que es mucho más caro atender a una persona cuando ya llega al hospital o a urgencias que hacerlo en los servicios de atención primaria.