El PSPV se convierte en la diana de los grupos tras la Operación Alquería

ABC.- La sesión de control de este jueves al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha transformado en un pleno más propio de la Diputación de Valencia que del Parlamento autonómico. Resulta bastante común que algunos temas de actualidad, especialmente cuando saltan o resurgen novedades sobre los casos de corrupción, centren estas sesiones en lugar de cumplir con la labor de fiscalización al Consell. Ha sucedido en numerosas ocasiones con el PP, al cual han atacado desde los partidos de izquierdas, y ha ocurrido en las últimas causas que han afectado al PSPV y a Compromís, como la de la presunta financiación irregular de los socialistas y el Bloc o la de la Operación Alquería, que acabó con la detención del presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez -junto a otras cinco personas, una de ellas la cogerente de Divalterra Agus Brines, preteneciente a la coalición-.

La jornada ha arrancado, como era de esperar, con los populares señalando que Puig se encuentra acechado por la corrupción. «¿Se imagina que ahora nosotros presentáramos una reprobación contra Jorge Rodríguez como hacen ustedes con los del PP? ¿Se acuerda de cuando linchaban a cargos de nuestro partido? ¿Cuando los informes de la UCO eran sentencias condenatorias? ¿O cuando pedía responsabilidades?», le ha preguntado su portavoz, Isabel Bonig, quien le ha cuestionado sobre por qué Jorge Rodríguez «es bueno para ser alcalde cuando no lo es para ser presidente de la Diputación».

El presidente de la Generalitat ha considerado que la «diferencia» entre ambos es «siempre la respuesta». «Aquí Rodríguez ha dimitido mientras César Sánchez, que está imputado, sigue como presidente de la Diputación de Alicante. La única que ha ido dopada a las elecciones es usted», le ha espetado a Bonig.

Mientras las críticas y las preguntas a Puig continuaban desde la bancada del PP durante los turnos de réplica, ha sido Mónica Oltra quien se ha levantado para realizar las siguientes intervenciones mientras algún diputado exclamaba: «¡Pero si ella no es del PSOE!». La parlamentaria María José Catalá ha aprovechado la oportunidad para preguntarle por la corrupción que también afecta a su partido, a lo que la vicepresidenta del Consell ha defendido que han tomado medidas de regeneración de las instituciones y ha remarcado, al igual que ha hecho en ocasiones posteriores a otros grupos como Podemos o Ciudadanos, que las sesiones de control estaban dirigidas a hablar de las políticas valencianas.

Podemos les acusa de no actuar a tiempo

Las presiones han llegado igualmente desde Podemos, cuyo portavoz, Antonio Estañ, ha pedido a Puig «valentía» para iniciar el fin de las diputaciones, «instituciones zombies que sólo han servido para el clientelismo y para la corrupción». «La operación Alquería ha vuelto a unir dos conceptos que históricamente se han dado en la Comunidad: diputaciones y corrupción», lo que se explica, en su opinión, por la «opacidad, arbitrariedad y dudoso carácter democrático», así como la «discrecionalidad y clientelismo». Además, ha comentado que esa operación policial implica que siguen inercias del pasado y muestra las consecuencias de «no actuar a tiempo».

El jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat y la Agencia Antifraude se coordinarán para impulsar Planes de prevención de riesgos penales en las empresas públicas valencianas, tanto de la Administración autonómica como de las entidades locales, que impidan actuaciones irregulares. El objetivo de estos planes es que las empresas públicas dispongan de procedimientos y controles que eviten que a los consejos de administración lleguen cuestiones que puedan ser ilegales, han precisado fuentes de la Generalitat. El presidente ha destacado también que en los próximos meses se presentará una ley de Gobiernos locales en la que se incluirá un vaciado de competencias de las corporaciones provinciales.

Los ataques por la corrupción ha continuado durante el turno de Ciudadanos. Su síndica, Mari Carmen Sánchez, le ha recordado a Puig que la malversación y la prevaricación son delitos, mientras que éste le ha reprochado que si a Jorge Rodríguez le hubieran aplicado el código ético del partido naranja, todavía seguiría en su puesto.

Compromís ataca por la financiación

Por su parte, Compromís, aunque no ha entrado a valorar las causas judiciales, se ha distanciado de los socialistas por la posición del Ejecutivo central sobre el sistema de financiación. «Estamos satisfechos de haber contribuido a la moción de censura contra un gobierno ligado a la corrupción y que maltrataba sistemáticamente a los valencianos, pero le pedimos que escuche el grito unánime por un trato justo a la Comunidad», ha apuntado el síndic, Fran Ferri: «Me parece muy bien que intente agotar la legislatura, pero no podemos aceptar que agote al paciencia de los valencianos».